En la segunda parte de esta Historia de la Inflación en Argentina revisamos los hechos económicos, financieros, políticos y sociales que marcaron los vaivenes del valor de la moneda argentina y las subas de precio durante casi todo el Siglo XX.

Aquellos cimbronazos fueron tan frecuentes que para 1970 el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía dio de baja el tipo de cambio argentino, el del Peso Moneda Nacional utilizado durante casi 90 años, porque la cantidad de billetes necesarios para operar, a tan baja denominación, hacía que prácticamente para cualquier compra se necesitara una máquina contadora de billetes.

Se creó entonces el Peso Ley 18.188, que no corrió mucho mejor suerte. Duró poco menos de 5000 días, hasta la vuelta definitiva de la democracia en 1983. Empezó con billetes desde 1 peso. En 1983 ya era necesaria la circulación de billetes de 1 millón de pesos.

Pero antes de llegar a ese punto, hay que revisar algunos hechos previos...

El "Pacto social" del tercer peronismo

Después del recrudecimiento de la crisis durante los gobiernos de facto de Onganía, Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Lanusse, el 25 de mayo de 1973 volvió a asumir un gobierno constitucional votado en elecciones: el justicialista Héctor J. Cámpora, quien heredó el gobierno con una inflación que venía de tocar el 80% en 1972.

Cámpora implementó el "Pacto Social", una política cuya continuidad durante el gobierno peronista permitió frenar los aumentos, levantar los salarios reales, mejorar las relaciones comerciales internacionales y revertir el default que venía de los últimos gobiernos de facto.

Tras la rápida renuncia de Cámpora a la Presidencia (y de su vice, Vicente Solano Lima), asumió el también pejotista Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados nacional, quien llamó a elecciones para ese septiembre. Como se esperaba, la jugada orquestada terminó en la elección, con más del 62% de los votos, de Juan Domingo Perón, quien mantuvo el "Pacto Social" en su tercera presidencia.

El crecimiento se aceleró, los salarios reales alcanzaron mejoras de hasta el 50% respecto a 10 años atrás, y se dieron hitos como la ampliación de la Flota Mercante argentina o la apertura de la Central Nuclear Atucha I. La balanza comercial alcanzó superávit por mil millones de dólares. En materia de aumentos de precios, si bien durante 1973 mantuvo un nivel alto, cercano al heredado, ya para 1974 había bajado a un 24%, el valor más bajo en cuatro años.

‍Pero con la muerte del General, en julio de 1974, asumió la presidencia su vice, María Estela Martínez de Perón. Presionada por los sectores empresarios y sindicales, la primera presidenta mujer de Argentina nombró ministro de economía a Celestino Rodrigo, quien al poco tiempo aplicaría la devaluación del peso y detonaría el conocido "Rodrigazo", un plan de ajuste feroz orquestado por José López Rega, quien luego renunciaría y se fugaría.

La inflación, que había seguido muy presente, tuvo un nuevo espaldarazo en 1975: tras el Rodrigazo, se alcanzaron valores por encima del 180% de aumentos en el año. El atraso cambiario, la devaluación de la moneda local, el aumento de las tarifas y las subas de los salarios armaron un cóctel inflacionario que tiró por tierra los avances del "Pacto social" y llevó la situación económica y productiva del país nuevamente para atrás, hacia los niveles de la que hasta entonces había sido la última dictadura, la de Alejandro Lanusse.

La última dictadura y el endeudamiento externo

Pero todavía faltaba un golpe militar más, y fue el más sangriento, con el secuestro, la tortura y la desaparición de personas institucionalizados como política de Estado. En 1976 los aumentos, deudores todavía del "shock" de precios del Rodrigazo, se acercaron al 450%. Hasta la caída de la última dictadura, en 1983, la tasa de inflación anual promedió un 200%. Es decir que cada año las cosas salían en promedio tres veces más que el anterior.

Todo el plan económico de la última dictadura fue diseñado por José Martínez de Hoz, empresario y ministro de Economía desde marzo de 1976 hasta marzo de 1981. Dio por terminada la sustitución de importaciones, cambió el eje de la economía de la producción industrial a la especulación financiera, alimentada por las variaciones del tipo de cambio y la velocidad de los aumentos.

A eso se sumó el congelamiento de los salarios (sostenido mediante la prohibición del derecho a huelga y la intervención de todos los sindicatos). Y el hecho de que, además, se estaba generando un endeudamiento externo brutal, que pasó de menos de 8 mil millones de dólares al finalizar 1975 a más de 45 mil millones en 1983.

En 1980, como resultado de una política económica que rompía con la sustitución de importaciones, el país exportó un 20% menos y debió importar un 30% más que el año anterior, lo que produjo un crack bancario en el que cerraron importantes entidades financieras, se resintió toda la planta industrial y se dio una corrida bancaria.

La profunda crisis económica, el desgaste de los altos mandos militares y la toma de estado público de la desaparición de personas y otras violaciones a los Derechos Humanos llevaron a la renuncia del dictador Jorge Rafael Videla y su ministro Martínez de Hoz, y el comienzo de un proceso de un año y medio donde la presidencia de facto pasó por las manos de seis militares (Viola, Liendo, Lacoste, Galtieri, Saint-Jean y Bignone).

La derrota en la Guerra de Malvinas sentenció el fin de la última dictadura, que el 10 de diciembre de 1983 dimitió y dio paso a la asunción de Raúl Alfonsín, elegido en elecciones abiertas con una participación del 85% y un triunfo por casi el 52% de los votos. 

El retorno de la democracia

La terminación del gobierno militar, con el retorno de la democracia en 1983, no implicó el fin de la aceleración de las subas de precio. De hecho, siguió escalando durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín y llegó a ser, al final de su gestión, en 1989, la más alta de toda la historia: una hiperinflación que superó el 3000% anual. Para peor, el problema de la deuda externa (común a toda la región) imposibilitaba que los países latinoamericanos pudieran acceder al crédito internacional.

La década de 1980 fue la peor de la que se tenga registro en materia de aumentos de precios. Solamente hubo algo de respiro hacia 1986, con una inflación de "solo el 90%", que se logró luego de la aplicación del llamado Plan Austral. Ese valor fue el único por debajo de las 3 cifras entre 1975 y 1991. Desde 1987 la situación recrudeció, contener el déficit se volvió un imposible y la sobre emisión monetaria se volvió una práctica común.

Pero lo que se emitían ya no eran Pesos Moneda Nacional, ni Pesos Ley 18.188, ni tampoco Pesos Argentinos, esos que había creado el dictador Bignone a comienzos de 1983 y que Alfonsín sostuvo circulando hasta 1985. El 15 de junio de ese año, el gobierno radical creó el Austral, una nueva denominación que también buscaba "sacarle ceros" a la moneda circulante. El Austral siguió siendo la moneda oficial argentina hasta el 31 de diciembre de 1991, cuando se cambió por el peso de la convertibilidad, el del "uno a uno".

De las hiperinflaciones al "uno a uno"

Fue justamente el austral la moneda de los estallidos hiperinflacionarios de 1989, con el final del gobierno de Raúl Alfonsín, y de 1990, durante el comienzo del primer mandato del justicialista Carlos Saúl Menem.

En abril de 1989 se desató una brutal suba de precios que recién pudo ser "controlada" varios meses después, con el Plan Bonex de Menem, que asumió luego de que las elecciones fueran adelantadas por la situación socio-económica. El Austral había sido devaluado y miles de personas cayeron en la pobreza, que alcanzó a casi un 50% de la población. La inflación desatada, de más del 3000% por ciento, desintegró los salarios y destapó todo tipo de revueltas y saqueos.

‍El segundo pico de "la híper" se dio a comienzos de 1990, con Menem en el poder, y también llevó varios meses "resolverlo". La inflación de igual forma continuó siendo elevada hasta abril de 1991, cuando se sancionó la Ley de Convertibilidad del Austral.

Esa Ley del gobierno menemista contó con propuesta y diseño del ministro Domingo Cavallo, quien venía de ser presidente del BCRA desde 1982, en los últimos años de la dictadura, y de estatizar 17 mil millones de deuda externa privada de empresas gigantescas como Alpargatas SA, las del Grupo Macri, Bunge y Born, Molinos Río de la Plata, Loma Negra, Ledesma, Acindar o Pérez Companc, además de los bancos Francés, Galicia y Río.

‍La Convertibilidad fijaba la paridad del austral con el dólar y luego con el peso, y vino anunciada junto a una "drástica reducción de la inflación y estabilización del nivel de precios". Para 1992, los aumentos de precios se habían reducido al 24,9%. En 1993, al 10,6%. Luego, la inflación bajó a un dígito para 1994 y 1995 y quedó por debajo del 1% entre 1996 y 1998.

La crisis de 2001 y el fin de la convertibilidad

Entre el último año del menemismo (1999) y los dos del gobierno de Fernando de la Rúa (2000-2001), el INDEC incluso informaba una deflación, con descensos de alrededor del 1% en el precio de los bienes y servicios. Muchos autores señalan, no obstante, que la Convertibilidad fue un "cepo cambiario encubierto", porque mantuvo fijo el tipo de cambio mientras el resto de las variables estaban libres.

La paridad con la moneda estadounidense llevó a la población local a pensar al peso como un "argendólar", pero la ficción de la convertibilidad se sostenía con una permanente toma de deuda en el mercado externo. Cada nuevo préstamo pedido para financiar la continuidad del "uno a uno" se tomaba a una tasa más alta de interés, hasta que fueron tan elevadas que los organismos internacionales de crédito dejaron de prestar dinero y hubo que abandonar la convertibilidad.

Sobre el final de 2001, la situación se había vuelto insostenible por el deterioro de la economía, el "fantasma" del fin de la convertibilidad y la escasa representatividad del gobierno de la Alianza, a esa altura ya fracturado internamente y sin apoyo externo. El desmadre se volvió evidente en la circulación de ministros de Economía durante la Alianza (José Luis Machinea, Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo). Los mercados se volcaron a la especulación frenética, se congelaron los ahorros, se restringieron las extracciones de dinero y se reprimió la protesta social alimentada por la apremiante situación.

Ese combo explosivo llevó al fin del gobierno de De La Rúa y Cavallo, a los episodios de represión letal en todo el país, a la circulación de 5 presidentes en 11 días, y a la posterior salida de la convertibilidad, medida que terminó tomando el justicialista Eduardo Duhalde en los primeros días de su "Gobierno de transición", en enero de 2002.

"El que depositó dólares, recibirá dólares", prometió el pejotista. Ni él ni los siguientes gobiernos cumplieron la promesa. Y la inflación volvería a convertirse en tema central de la vida argentina durante el siglo XXI, ya con el tipo de cambio desatado y el país en plena reconstrucción.