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Regulaciones generales

Aunque las stablecoins no pertenecen a ningún gobierno, algunas están relacionadas con empresas, y por ello es probable que puedan ser alcanzadas por diferentes legislaciones.

En el último tiempo la SEC, que es el organismo involucrado en el análisis de todos los instrumentos financieros disponibles en Estados Unidos, empezó a expresarse con mayor severidad sobre las criptomonedas, alertando sobre algunos riesgos.

La SEC actuó ante situaciones como la de Ripple y su criptomoneda centralizada XRP, que consideró que no estaba declarada correctamente como lo que la SEC considera que es: un security asset.

Por otro lado, la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) abogó junto a la SEC por la estricta aplicación de las leyes anti-lavado de dinero en el mundo de las criptomonedas.

De todas las criptomonedas estables disponibles, DAI es una de las pocas que no cae bajo la regulación de la SEC ya que no existe una empresa que la respalde.

En Argentina no existe una disposición específica sobre las stablecoins, aunque en noviembre de 2019 el Banco Central dio a conocer que estaba al tanto de su existencia y que las seguía con especial interés.

Desde el endurecimiento del cepo bancario en Argentina, además, las compras de stablecoins o cualquier tipo de criptomonedas en el exterior con tarjetas de crédito, débito o recargables impresas en el país depende de la aprobación del Banco Central para el giro de pagos al exterior.

Más adelante, en mayo de 2021, el BCRA y la Comisión Nacional de Valores sacaron un extenso comunicado caracterizando a las criptomonedas y alertando sobre problemas como "su volatilidad, incluso en el caso de los criptoactivos estables".

Regulación de las stablecoins
Como toda criptomoneda, las stablecoins pueden estar alcanzadas por impuestos y resoluciones nacionales.

Criptomonedas en Argentina

En Argentina, las normas suelen referirse a las criptomonedas como "monedas digitales": representaciones digitales de valor que funcionan como un medio de intercambio, una unidad de cuenta o de reserva, pero sin curso legal.

Así las define el artículo segundo de la resolución 300/2014 de la Unidad de Información Financiera, el organismo local encargado de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

El Impuesto a las Ganancias argentino grava monedas digitales, aunque discrimina entre ganancias de fuente argentina (por venta de criptomonedas de emisor local) y fuente extranjera (internacional). Aunque las criptomonedas no se "emiten".

Como renta financiera, la compra-venta de bitcoins y otras cripto paga una alícuota del 15% de Ganancias y también quedaría alcanzada por el impuesto a los Bienes Personales.

Además, desde la entrada en vigencia de la resolución general 4614/2019 y demás resoluciones modificatorias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las plataformas de comercio cripto que funcionan bajo jurisdicción argentina deben informar al organismo los titulares de las cuentas, los montos operados y saldos finales.

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